INTA: el traslado a Castelar y el multimillonario negocio inmobiliario detrás

La serie de videos explicativos muestran a los tres personajes responsables de ilustrar por qué el INTA abandonará sus locaciones en la ciudad de Buenos Aires y trasladará la administración central al predio de Castelar, en el marco del ambicioso proyecto “Distrito de Innovación Agroindustrial (DIA)”, que el ministro Etchevehere anunciara durante el mes de junio. Se trata del presidente Juan Balbín, el vice Mariano Bosch y el director nacional Héctor Espina, que ensayan algún tipo de explicación que, evidentemente, los sobrepasa en su capacidad de decisión. La cosa viene de arriba.

Básicamente, la idea de crear una suerte de Sillicon Valley en el predio de Castelar, donde startups, AgTech, innovadores de bioeconomía y la bioinformática, del ámbito privado interactúen en un ida y vuelta virtuoso con los investigadores del INTA, está dando pie a un fabuloso negocio inmobiliario. El argumento es que como el Estado nacional está quebrado, el proyecto debe autofinanciarse y este financiamiento surgiría por un lado de la venta de los inmuebles del INTA en la CABA y de la urbanización de una superficie no determinada en Castelar.

Arranquemos por la CABA. Me dicen que la joya de la abuela es el edificio de la calle Cerviño, donde el Código Urbano habilita la edificación de hasta 11 pisos de 600 metros cuadrados cada uno. De ser así, en una zona hiperexclusiva de la ciudad y donde ya no quedan prácticamente terrenos edificables, estamos hablando de un valor final no menor a los 35 millones de dólares, con este emprendimiento. Hay alguna duda de si esto se podría concretar dado que el edificio es fruto de una donación, pero como dicen desde adentro “estamos preparados para cualquier cosa”. Luego quedan los edificios en la calle Chile (San Telmo), Rivadavia y Alsina, tal vez no tan atractivos inmobiliariamente como el primero.

Pero como se supone que este dinero no alcanzará para la puesta en marcha del DIA, se pensó en “un desarrollo inmobiliario” en los terrenos de Castelar. La excusa es que en su momento ese predio llegó a tener 1.000 hectáreas, de los cuales se perdieron 300 antes de esta gestión. Entonces, ¿por qué no ceder un poco más en estos tiempos de ajuste? La idea sería urbanizar una superficie “todavía no definida” con la zanahoria puesta en que los empleados del INTA podrán acceder a las viviendas, aunque no se explica ni cómo ni cúanto valdrían. Según los mismos explicadores “todavía no está definido”.

Puertas adentro del instituto hay distintos focos de fastidio y preocupación. Por un lado el de los trabajadores de la CABA que diariamente deberían trasladarse a Castelar a trabajar. Si bien la conducción política les promete combis de ida y vuelta, no convence a los trabajadores, que ven en esto una maniobra para incentivar el retiro voluntario o la simple renuncia.

Por el otro lado, sospechan que del faranónico proyecto DIA, lo único que se concrete sea la venta de los inmuebles y la urbanización de Castelar. “Nos llame la atención que sea la Agencia de Administración de Bienes del Estado los que están conduciendo el proceso, y que hayan puesto al frente de la comisión a una persona que viene del sector semillero, es decir del ámbito privado”, apuntan las fuentes en la institución.

“Así como no cumplen con el financiamiento que establece la ley del INTA (un porcentaje de los derechos de importación), ¿quién nos garantiza que el fruto de la venta de los inmuebles quede para el INTA y que no va a ir a las arcas del TEsoro Nacional?”, se preguntan.

Pero al margen de la cuestión inmobiliaria, preocupa la situación general de la institución. “Hoy a los técnicos se los están llevando las empresas, porque les ofrecen sueldos mejores y algo que hacer. Un trabajador que se jubila, no se repone. Hay técnicos poniendo la nafta de su bolsillo para asistir a jornadas y viajes. Y se están cancelando proyectos de investigación. Una situación terminal”, afirma una fuente dentro del organismo.