Ganadores y perdedores en el proyecto oficial para reformar la ley de semillas

Por Javier Preciado Patiño

Sobre el filo de las sesiones ordinarias del Congreso de la Nación (las comisiones pueden reunirse hasta el 20 de noviembre), el ministerio de Agroindustria dio a conocer su proyecto de reforma de la ley de semillas, con vistas al debate que se sucederá a nivel de los legisladores. Analicemos, entonces, algunos aspectos claves de la ley.

Posibilidad de incrementar la semilla. Es un punto central, porque si bien la reforma introduce explícitamente el uso propio oneroso, abre la posibilidad a que el productor que compró una cantidad de semilla un año reserva una cantidad en los siguientes. El texto del proyecto dice exactamente que “en cada compra de semilla deberá establecerse el valor que el titular del derecho o su licenciatario podrá requerir por el uso de su tecnología incorporada a la variedad vegetal en las dos (2) multiplicaciones posteriores a la adquisición y por el uso incremental” 

Es decir que si un productor compró semilla en una campaña por 100 hectáreas y quiere reservar para 500, lo puede hacer. En la cadena comercial aparece un neto perdedor, el semillero multiplicador, cuya función sería precisamente esa: incrementar la semilla original o básica, para poner ese mayor volumen -tras los controles a los que lo somete el INASE- a disposición del productor.

Cabría preguntarse si esta posibilidad que abre la enmienda a la ley 20.247 no implicaría que el productor que hace uso propio incremental deba inscribirse como multiplicador y someterse a los requisitos legales previstos para esta figura.

Los otros que no saldrían bien parados si se sanciona tal cual el proyecto son los desarrolladores de biotecnología. Primero porque pierden la posibilidad de celebrar contratos basados en patentes al tratarse de una ley de orden público. Segundo, porque solo se le otorgan dos campañas con uso propio oneroso, pasando a partir del tercero a ser de uso propio gratuito. Difícilmente una tecnología genética como es un transgen o alguna forma similar se pueda amortizar en tres campañas.

En tanto se puede decir que para los productores se da un empate. Los que facturen hasta tres monotributos de la máxima categoría ($1,8 millón anuales) van a poder seguir haciendo uso propio gratuito. Claro que si el día de mañana el tope se corre, el espectro de beneficiados se puede ampliar. En la otra mano, la menos por dos campañas tendrán que pagar la regalía si quieren hacer uso propio. Pero los grandes grupos de siembra, los consorcios de productores o las grandes compañías agrícolas van a tener la posibilidad de seguir actuando como “multiplicadores” previo acuerdo con el obtentor.

En la previa había quien planteaba que no les debería correr el uso propio sino la obligación de comprar semilla fiscalizada cada campaña. Finalmente parece haberse impuesto su punto de vista. Esto también puede acarrear alguna ventaja para el obtentor en tanto habiendo vendido una vez la semilla recibirá dos años de regalías con costo de producción cero.

 

El juego en el Congreso

Es una incógnita cómo se van a posicionar los jugadores. En principio, en el debate el proyecto oficial debería confrontarse con el de la FAA y el de Gilberto Alegre. El primero levanta la vara al estipular que el uso propio gratuito corre para productores de hasta 1.500 toneladas en cualquiera de los cultivos (trigo o soja). El segundo baja la vara y solo deja el uso propio gratuito para los agricultores familiares registrados.

Los legisladores deberán definir dónde hacer el corte, aceptando que se acabaron los tiempos de uso propio gratuito indiscriminado. También deberán definir si la regalía corre por dos campañas o por más, quedando, como también se especuló en algún momento, de libre disponibilidad a partir de la cuarta campaña, partiendo del supuesto que un cultivar perdura en el mercado no más allá de los cuatro años.