Ley de Semillas: Qué proponía Buryaile en sus años de agrodiputado

En 2012, cuando el formoseño Ricardo Buryaile brillaba como agrodiputado, firmó junto a sus correligionarios Lucio Aspiazu y Juan Casañas, a los que se sumó la diputada PRO Gladys González, un proyecto para reformar la Ley de Semillas 20.247, que ingresó a la cámara baja con el número de expediente 8288.

En los fundamentos, los legisladores surgidos de las filas del ruralismo reconocían el valor de la vieja Ley 20.247, pero sostenían que ante los avances de la ciencia se necesitaba una nueva legislación que “diera previsibilidad a quienes invierten en esta industria“. Para los cuatro legisladores esa previsibilidad tenía que ver con el uso propio, es decir la excepción o el derecho (según como se quiera ver) del agricultor a reservar semilla de su propia producción para la campaña siguiente.

“Sin duda el uso propio fue concebido con buen criterio, pero al mismo tiempo generó zonas grises, puesto que la ley 20.247 no definió los alcances del derecho de propiedad sobre los cultivares y, el artículo 27 de la referida norma, no es lo suficientemente contundente al respecto”, escribían los legisladores en los fundamentos del proyecto.

Pero, ¿cómo pensaba Buryaile separar la paja del trigo en materia de uso propio? El Artículo 19 del proyecto, que modificaba el Art. 27 de la ley de marras, establecía la figura del agricultor exceptuado, es decir el minifundista o campesino, que estaba exento de pagar los derechos al obtentor por el uso de una variedad protegido. En principio, se desprendería que todo el resto estaría obligado a pagar, pero en verdad la excepción al pago de regalías se extendía aquellos productores de hasta 300 hectáreas de trigo y/o soja , por el término de cuatro campañas siguientes a aquella en la cual se adquirió la semilla original. La propuesta aclaraba que lo que se iba a reservar no podía superar lo originalmente adquirido.

El proyecto, con giro a las comisiones de Agricultura y Ganadería, Presupuesto y Hacienda, y Legislación General, nunca pudo ser tratado y fue reproducido en 2014, cuando perdió vigencia, y nuevamente reproducido por Casañas en 2016, bajo el número de expediente 2009.

La pregunta es qué hará Buryaile como ministro de Agroindustria respecto del mismo tema. Hay muchos que creen que directamente no enviará un proyecto al Congreso como se viene afirmando desde la cartera. Otros temen por el contenido de ese proyecto, ya que con los antecedentes “Mesa de Enlace friendly” del funcionario no sería raro que fuera muy laxo en materia del cumplimiento de los derechos de propiedad intelectual.

Pero en todo caso, de girarlo sería inevitable el debate con los proyectos ya existentes, uno de ellos el del diputado renovador Gilberto Alegre, pero por qué no, con su propio proyecto de 2012 ahora enarbolado por su correlegionario Juan Casañas.

 

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