La desidia presupuestaria amenaza la competitividad del cluster limonero

El complejo citrícola -y particularmente el limón- es vital para la economía de Tucumán. Según el Indec en 2015 la provincia exportó cítricos frescos por 123 millones de dólares y jugos concentrados por otros 154 millones, lo que convierte a este cluster en el Número Uno como generador de divisas para el país, por Tucumán.

Pero la provincia y el cluster, donde se cuentan empresas de la talla de San Miguel, Citrusvil o Trapani, viven la amenaza del HLB, una enfermedad que destruye los montes frutales, que desde Brasil ha ingresado a la Argentina y que podría sacar a la Argentina de las grandes ligas si no se hace nada para preservar la competitividad que le da su status fitosanitario.

El tema no es nuevo. Ya en 2013 el congreso de la Nación aprobó la ley 26.888 que estableció el Plan Nacional de Prevención del HLB y que asignaba a la cartera de Economía la responsabilidad de financiar hasta el 70% del costo de las acciones para la prevención.

Pero tres años más tarde no se perciben avances. En la reciente jornada llevada adelante por el diputado tucumano Juan Casañas quedó en claro que los $60 millones que se necesitan para ponerlo en marcha no aparecen por ningún lado. Gloria Perez, de la Asociación Fitosanitaria del NOA (Afinoa) se mostró preocupada porque esos fondos no se le hagan llegar al Senasa para ejecutar el programa.

Fuentes en el organismo sanitario señalan -en estricto off the record- que el organismo se encuentra definanciado y que encima muchos de los técnicos que trabajaban en el programa de prevención del HLB eran contratados, con lo cual hoy estarían afuera del organismo (otras fuentes sostienen que no los han desafectado). “Hay una ley, y Agroindustria o Hacienda deberían estar girando $30 millones por año para este programa, pero al Senasa no le transfiere ni siquiera la plata que recauda por aranceles”, se quejan las fuentes.

En mi reciente visita a Tucumán pude corroborar que las rutas de acceso a la provincia son absolutamente permeables al ingreso de cualquier vector de la enfermedad y que en la frontera apenas si hay un cartel señalando la importancia de prevenir el HLB. Al respecto, Gloria Pérez sostiene que hay 17 puestos de control en el NOA, que se están financiando con el aporte de los citricultores, pero que se necesitaría más para hacerlos más eficientes. Explica que los controles se hacen sobre los vehículos, pero que habría que hacer puestos de control; increíblemente los mismos no se pueden concretar porque Vialidad no los autoriza, ya que está previsto que en algún momento las rutas se conviertan en autopistas.

También se necesitaría crear una barrera sanitaria, como existe en la Patagonia o en Mendoza, pero para eso el Senasa debería declarar a Tucumán o al NOA como libre de HLB, y oficialmente se sostiene que el país íntegramente es libre de la enfermedad, con lo cual solo se acepta el control.

Tampoco aportan mucho los comerciantes de frutas, que ingresan a la región cítricos con nada o un mínimo de control.

En tanto, en la actividad privada cargan la responsabilidad en la actual conducción del ministerio de Agroindustria y sus organismos descentralizados. “En 2015 llevamos un proyecto al Prosap para avanzar en una barrera sanitaria. Era una propuesta por unos $10 millones con una contraparte del sector privado por el 30 a 40% restante; pero desde que asumieron las nuevas autoridades no tuvimos más noticias del proyecto”, señalan desde la producción.

La precaria situación de la citricultura tucumana fue admitida por el propio legislador Casañas, que recientemente se desmarcó del bloque Cambiemos: “La Argentina tiene un programa preventivo, aprobado por ley, pero hay que bregar por darle operatividad y presupuesto para cuidar nuestra actividad citrícola, que genera 260.000 puestos de trabajo”, declaró al término de la jornada.

Lo peor es que pasan los meses y no hay avances. A principios de marzo de este año, el ingeniero Sanchez Loria de la Asociación Tucumana de Citrus (ATC) manifestaba a los medios locales que venían manteniendo conversaciones con las autoridades nacionales y que “todos se comprometieron a hacer lo que corresponda en sus áreas: el Ministerio de Finanzas, asegurar los fondos necesarios, y el Ministerio de Agroindustria, realizar las gestiones vinculadas con el Senasa para que lidere las acciones necesarias de prevención”. Sin embargo, dos meses después no parece haber avances al respecto.

La provincia señala que cuenta con más de 40.000 hectáreas de limón, que producen anualmente casi 600.000 toneladas, con 40 galpones de empaque y 10 plantas industriales.

 

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