La furia de Macri con Buryaile por arruinarle el road show de inversiones con la Resolución 140

¿Qué hiciste, Ricardo?“, sonó la voz del presidente Macri en el auricular del teléfono del ministro de Agroindustria, el radical formoseño Ricardo Buryaile.

Es que la decisión de voltear la cláusula Intacta con una resolución que le hace una zancadilla al invalidar la metodología de diagnóstico (más adelante hablaremos de eso) tiene consecuencias mucho más allá de la relación entre productores y semilleras.

Es que el Gobierno Nacional prepara para mediados de setiembre un road show para atraer inversores a la Argentina, y uno de las áreas que más quiere promocionar el gobierno es precisamente el agro. ¿Cómo vamos a decirle al mundo que venga a poner plata en la agricultura si acá les desconocemos los derechos de propiedad intelectual?, le habría dicho el Presidente -palabra más, palabra menos- a su ministro.

Obsesionado por mostrar que la Argentina es un país “normal”, el núcleo más cercano a Macri contrató a los organizadores del foro de Davos para que hagan el road show en Buenos Aires, a priori entre el 12 y el 15 de setiembre.

Bajo el pomposo título “Argentina to the World”, el brief lo describe como  “opportunity to learn sector’s plans and investment opportunities from Government officials and Private sector senior executives” y plantea los sectores más dinámicos para las inversiones, donde el “agribusiness” está a la cabeza.

Pero la decisión de Buryaile de desconocer los contratos de Monsanto con los productores argentinos es una pésima señal, más cuando el reconocimiento a la propiedad intelectual es uno de los pilares de las economías desarrolladas.

Apurado por las circunstancias el ex agrodiputado promulgó una nueva resolución -la 147- que para los entendidos en materia normativa es un “atolladero”, donde pone como cabeza de la regulación para autorizar el método Monsanto para Intacta a la secretaria Marisa Bircher, pero en definitiva no es ella sino una comisión ad hoc con cabeza en el área de biotecnología, la que va a dar la opinión. El problema, sostienen los entendidos, es que le da a la comisión un plazo de 60 días para expedirse, más 5 desde que ingrese la petición (en este caso de Monsanto), que va a ser después de que la secretaría de Mercados Agroalimentarios promulgue las resoluciones o disposiciones que hacen la letra fina. En definitiva, en el mejor de los casos saber si Agroindustria validará o no el método llevara no menos de 70 días, asumiendo que todos se muevan a velocidad de la luz en materia de burocracia.

Curiosamente, el primero en solicitar la validación del sistema Intacta ante el ministerio no fue Monsanto sino Bioceres, la compañía biotecnológica y semillera de productores argentinos, que ha hecho fuertes lazos con compañías del exterior (Dow, Arcadia) y que planea lanzar una IPO en la Bolsa de Nueva York. Pero la Resolución 140 fue un duro e inesperado cachetazo a la seguridad jurídica, que espanta a posibles inversores en el negocio biotecnológico argentino.