Buryaile y su realpolitik: Monsanto resulta menor costo político que la Mesa de Enlace

No es cuestión acá ponderar si el sistema de cobro de la tecnología Intacta es justo o no. Se trata de analizar por qué un gobierno de derecha o centro derecha como el del presidente Macri, que se encuentra en plena reconstrucción de la relación con los Estados Unidos, decide propinarle un duro golpe a una de sus empresas insignia y en donde más le duele, es decir en materia de propiedad intelectual.

Además, el ministro Buryaile decidió hacer desde su propia área la zancadilla a todo el sistema Intacta, sencillamente volteando la metodología de análisis de presencia del evento biotecnológico. Bien podría el Gobierno haber ido por el lado de Defensa de la Competencia, por la cartera de Comercio o apelar a la vía judicial, pero el ruralista formoseño con su pertenencia en Confederaciones Rurales Argentina decidió jugar duro y hacerse cargo de la decisión.

Ya la semana pasada, su jefe de Gabinete, Guillermo “Willy” Bernaudo, había estado en la reunión convocada por la Federación Agraria Argentina. Intimado por la conducción de los “pequeños y medianos” productores a que diera una definición a la cuestión en plena cosecha, Bernaudo les transmitió que antes del miércoles 13 de abril se iba a tomar una decisión.

Lo que trascendió de ese encuentro fue un Bernaudo muy duro con la compañía, cuestionando (con razón o sin ella) la legalidad o existencia misma de la patente de Monsanto y apelando a metáforas como “justicia por mano propia” para el sistema de recuperación de la propiedad intelectual, lo que colocaba al ministerio de Agroindustria en juez del caso.

Así, la cartera se encontraba entre dos fuegos. Por un lado, la compañía proveedora de biotecnología, que es punta de lanza de todo el segmento insumero de la agricultura y cuya tecnología es el caballito de batalla cuando los funcionarios dicen que la Argentina debe llegar a producir 160 millones de toneladas a partir de incrementar los rendimientos.

Por el otro lado, los socios políticos del presidente Macri durante la campaña, la Mesa de Enlace, uno de cuyos cuadros fue elegido para encabezar la gestión ministerial y otro es senador por Entre Ríos y presidente de la comisión de Agricultura en esa cámara.

El punto es que no solo la FAA cuestionaba el sistema, sino que también la Sociedad Rural Argentina se había sumado a la judicialización del sistema y en los últimos días, el propio titular de CRA, Dardo Chiesa, había tomado posición en contra de Monsanto.

También se decía que la embajada de los Estados Unidos, previo a la visita del presidente Obama, había señalado la cuestión de la propiedad intelectual en semillas como un tema de la agenda bilateral. Se suponía que un gobierno que quiere “reinsertar a la Argentina en el mundo”, para lo cual acaba de pactar con los fondos buitre, no iba a desafiar abiertamente esa agenda como si se tratara de la Venezuela chavista.

Pero a la hora de la verdad, prevaleció el pragmatismo más visceral de la praxis política, es decir en dónde está el menor costo político. Y el menor costo fue Monsanto.

La desazón. La decisión, materializada en la Resolución 140 publicada el jueves 14 de abril, cayó como una bomba en la industria semillera y más allá también. De todas maneras, Buryaile ya había dado un indicio tiempo atrás respecto de para quién jugaba.

Sucede que en la gestión de Casamiquela el Instituto Nacional de Semillas había promulgado la Resolución 187 con el fin de que los productores declararan el origen de la semilla de soja (y trigo), y de esa manera empezar a controlar y blanquear el mercado informal genético. El plazo de vencimiento para las DDJJ era el 31 de enero, pero sobre el filo del mismo el ministerio decidió prorrogar ese plazo hasta el 31 de marzo, decisión que fue anunciada justo el mismo día en que Buryaile recibía a la Mesa de Enlace.

La realidad es que la norma quedó como letra muerta, con apenas 4.024 productores cumpliéndola sobre un universo estimado en 60.000.

“Esto es inseguridad jurídica en estado puro”, señalan off the record desde la industria. “No pensábamos que iba a ocurrir esta situación con este gobierno. En medio de la campaña, cambiar las reglas de juego es una pésima señal”, agregan.

El camino que se abre a partir de ahora es incierto. Por lo pronto para los que pagaron ha sido un castigo; para los que no pagaron, un premio. Pero voltear algo -nuevamente más allá de que sea un sistema justo o no- sin proponer un mecanismo cierto y previsible, pone en peligro la decisión de otras compañías de traer tecnología para la soja.

Hasta se abre el riesgo de la judicialización y de un bloqueo del comercio de granos, ya que la Resolución 140 podría paralizar incluso exámenes de rutina a los granos que formalmente no cuentan con la autorización de la cartera de Agroindustria.